absurdo.

A mí se me escapa la relación que hay entre yo y esto que me está pasando en este momento. No te niego que me esté pasando. Vaya si me pasa. Y eso es lo A-B-S-U-R-D-O.

lunes, 28 de marzo de 2011

"Hay que quitarlos de en Medio."

Desalojos forzosos en Port Harcourt, Nigeria.




Njemanze es uno de los más de 40 asentamientos erigidos 
en las zonas ribereñas de Port Harcourt, que forman una de las áreas 
con mayor densidad de población de la ciudad.

Si las autoridades continúan con las demoliciones
previstas de todos los asentamientos que aún quedan en
las zonas ribereñas sin aplicar previamente salvaguardias
de derechos humanos, más de 200.000 personas correrán
el riesgo de perder sus hogares y medios de sustento.




El gobierno del estado de Rivers afirma que la demolición
de los asentamientos de las zonas ribereñas es necesaria
para aplicar el Plan Maestro del Gran Port Harcourt, que es
el principal documento de estrategia del programa de
reurbanización de la ciudad. 

Pero los planes se han elaborado sin consultar 
con las comunidades afectadas y
no son accesibles al público. Además, el gobernador del
estado ha afirmado en repetidas ocasiones que 
“la operación de demolición desinfectará y contendrá las actividades delictivas”
en la ciudad.

En un asentamiento, estas etapas preparatorias de la demolición
han ido acompañadas de uso excesivo de la fuerza por
parte de las fuerzas de seguridad nigerianas. Al menos 12
personas resultaron muertas o gravemente heridas por
disparos en el asentamiento ribereño de Bundu el 12 de
octubre de 2009, cuando las fuerzas de seguridad abrieron
fuego contra una multitud de personas que protestaban
pacíficamente contra la demolición propuesta de sus
viviendas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades del estado de Rivers que interrumpan
de inmediato todos los desalojos forzosos y aprueben la suspensión de todos los
desalojos de los asentamientos ribereños de Port Harcourt. La suspensión debe
permanecer en vigor hasta que se hayan establecido todas salvaguardias
necesarias para garantizar que los desalojos se llevan a cabo conforme al derecho
y las normas internacionales de derechos humanos.

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